7 septiembre 2020, 17:48 | Coordination Council
Teniendo en cuenta las brutales detenciones de los activistas, participantes de las protestas pacíficas y personas aleatorias, incluyendo a estudiantes, trabajadores de la plantilla de la fábrica de tractores en la ciudad de Minsk, vecinos de la ciudad de Hrodna, empleados de rescate, empleados de cafeterías y muchos más; tomando en cuenta que el 7 de septiembre de 2020 fueron secuestrados la miembro del Presdio María Kolesnikova, el Portavoz Anton Radninkou, el Secretario Ejecutivo Ivan Krautsov; el 5 de septiembre de 2020, fue forzadamente sacada del país la miembro del Presidio del Consejo de Coordinación Volha Kavalkova; el 31 de agosto de 2020 fue incoada una causa criminal contra la miembra de la Mesa Presidencial del Consejo de Coordinación Liliya Vlasava; desde el 24 de agosto de 2020 está detenido y se encuentra en prisión administrativa el miembro del Presidio del Consejo de Coordinación Sergei Dylevski, el Consejo de Coordinación considera necesario manifestarse con el siguiente comunicado:
Las acciones pacíficas que se celebran por todo el territorio de la República de Belarús desde del 9 de agosto de 2020, que expresan la opinión de la mayoría de la población, son tan multitudinarias que para su neutralización las autoridades empezaron a utilizar métodos de terror a cara descubierta.
Intentando intimidar a la población y forzarla a negarse a expresar en público su opinión, las autoridades, con una crueldad demonstrativa, están persiguiendo a los activistas y deteniendo a personas en la calle empleando antidisturbios.
Es obvio que todos estos métodos son ilegales y no pueden llevar a ningún otro resultado excepto la escalada de la situación e intensificación de la crisis.
Las acciones pacíficas surgen de manera descentralizada y no tienen ningún líder. El terror contra los participantes de las protestas es inútil. La gente que participa en las acciones temen sobre todo no la violencia con la que les amenazan las autoridades, sino un futuro en un Estado no de derecho que les espera a ellos y a sus próximos si la situación en el país no cambia, y no serán recuperadas la legalidad y la democracia.
Los miembros del Consejo de Coordinación hoy presentan denuncias al Comité de Investigación contra todos los casos de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad el 6 de septiembre 2020 y otros días.
El comunicado presta especial atención a la conducta de unos desconocidos por la tarde [del 6 de septiembre 2020, comentario de la traductora] cerca de la casa No 3 en la avenida de los Vencedores. Estas personas no estaban vestidas de uniforme ni llevaban signos de identificación, se taparon las caras con unas mascarillas para que fuera difícil identificarlos y no había presentado ningún documento, pero llevaban abiertamente diferentes armas durante la acción pacífica y sin declarar ninguna exigencia utilizaban armas antimotines, pegaban a la gente. Según la enunciación de la Portavoz del Ministerio del Interior de la República de Belarús O. Chemodanova estas personas son empleados de las fuerzas de seguridad. Sus acciones fueron dirigidas por el Jefe de la Dirección General de la Lucha contra el Crimen Organizado y Corrupción del Ministerio del Interior N.N.Karpenkov, quien personalmente había roto el cristal en la puerta de una cafetería.
La utilización de antitumultos y fuerza contra los participantes de las protestas pacíficas y personas aleatorias, contra las personas que no demuestran ninguna oposición contra ellos, e incluso contra los que se encuentran tumbados en el suelo para demostrar sus intenciones pacíficas, son un abuso de poder o exceso de sus competencias funcionales (artículo 426 del Código Penal de la República de Belarús).
Consideramos que es importante estudiar el fin de las órdenes criminales para castigar por la postura civil, para intimidación de la población o para provocar una reacción improcedente: en función del fin será añadida responsabilidad adicional.
Opinamos que, cuando la violencia e inflicción de sufrimiento son cometidas por la persona que actúa en calidad oficial con el objetivo de castigar por su opinión política, la responsabilidad adicional concurre de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal de la República de Belarús (Delito contra la seguridad de la humanidad).
Si la violencia se realiza con el fin de intimidar y apremiar a los ciudadanos a denunciar actividades políticas o sociales, o bien con el fin de intimidar a la población, y estas acciones son acompañadas por amenazas contra personas concretas o de consecuencias graves, dichas acciones pueden ser calificadas adicionalmente como actos de terrorismo (art. 289 del Código Penal de la República de Belarús).
Si los empleados de las fuerzas de seguridad utilizan violencia injustificada para provocar agresión en respuesta por parte de los manifestantes pacíficos y justificar el uso posterior de las armas, estas acciones pueden ser calificadas adicionalmente como un intento de instigación de conflictos sociales (art. 130 del Código Penal de la República de Belarús).
El Consejo de Coordinación indica que todas las acciones realizadas por las personas en condición de autoridad acompañadas de violencia y dirigidas a la supresión del activismo social de los ciudadanos se consideran delito contra la seguridad de la humanidad, exentos de prescripción de acción penal y que son perseguidos en cualquier país del mundo. El Consejo de Coordinación indica que el cumplimiento de órdenes expresamente ilegales no exime de la responsabilidad a su ejecutante y el incumplimiento de una orden expresamente ilegal es legítimo.
El Consejo de Coordinación de nuevo llama a las autoridades a reconocer lo evidente y tomar medidas para restablecer la legalidad y recuperación del estatus de país democrático de la República de Belarús.
Para tomar las medidas necesarias para la superación de la crisis y la demostración de los primeros pasos relacionados con las exigencias formuladas por el Consejo de Coordinación se necesita urgentemente:
- Iniciar y garantizar la instrucción de los delitos cometidos en el período a partir del 9 de agosto de 2020 contra los participantes de las acciones pacíficas, incluyendo la investigación de las muertes de las personas desaparecidas a partir del 9 de agosto 2020. Garantizar la información diaria de la sociedad sobre el estado de la instrucción.
- Publicar información verdadera sobre los resultados de la votación del 9 de agosto 2020 en cada colegio electoral. Realizar un estudio sobre la presencia de signos de elementos del delito contemplado por el art. 192 del Código Penal de la República de Belarús en todos los casos registrados de infracción del procedimiento electoral, incluyendo, pero no limitándose a ello, en los casos de falsificación del cómputo de los votos, elaboración de protocolos falsos, apremio de los miembros de las sedes electorales a tales acciones por parte de los representantes del poder documentados y registrados.
- Suspender las represiones políticas y en el orden establecido por la ley estudiar la posibilidad de cancelación o modificación de medidas cautelares por todos los sumarios penales sobre los disturbios masivos, infracción grave del orden público contra todos los acusados por estas causas detenidos a partir del 10 de mayo 2020 hasta hoy, incluyendo los casos abiertos contra Viktor Babariko, Sergei Tikhanovskiy y otras personas reconocidas como presos políticos. Poner en libertad a los detenidos ilegalmente participantes de las acciones pacíficas y personas que cumplen condenas de arresto administrativo por la participación en las acciones pacíficas.
- Suspender las represalias contra los miembros del Consejo de Coordinación. Garantizar la inmediata puesta en libertad de María Kolesnikova, Liliya Vlasova, Andrei Yegorov, Anton Radminkov, Ivan Kravtsov, y confirmar y presentar garantías de regreso libre de Olha Kavalkova, Pavel Latushko y Svetlana Tikhanovskaya al país.
El Consejo de Coordinación pide a la ciudadanía no dejarse provocar, ni responder con agresión a la violencia, así como afanar el enjuiciamiento de todos los culpables únicamente por vías legales.
