“The first criminal case against a law enforcement officer will bring down the whole system”

Un coronel de justicia habla sobre los ánimos en los órganos de fuerza

 7 diciembre 2020, 13:44 | Radio Free Europe/Radio Liberty

«En el inicio de la campaña preelectoral el anterior jefe del Ministerio del Interior Yury Karaieu se había reunido con los empleados de los grandes departamentos del Interior. Les dijo lo siguiente: “Tienen derecho a todo. No nos fallen”. Incluso en una pesadilla me podía haber imaginado que “todo” literalmente significaba todo». El oficial de la ley actual está conmovido por la escala de la violencia.

El coronel de justicia, instructor de casos extraordinarios de uno de los departamentos del Comité de Instrucciones, Ivan Aheyeu (el nombre y apellidos han sido cambiados según nos pide) en su conversación con Radio Svaboda relató sobre los ánimos en el bloque de fuerza, por qué no fue castigado ningún agente del orden por el abuso del poder, y cómo reaccionó al hecho de aparecer su nombre en la lista de los «Castigadores de Belarús».

«Estoy ansioso por iniciar un proceso penal por la violencia»

«Desde que había iniciado el trabajo en los órganos de fuerza nos decían: un policía, un instructor han de mantenerse fuera de la política, – dice el agente de fuerza. – Estoy de acuerdo, pero en el caso cuando se cumple con el principio básico: la igualdad ante la ley. Solo en este caso el empleado puede decir que está fuera de la política porque está protegiendo la ley. No importa quien está delante de mí: un delincuente que ha robado algo, o un alto directivo, o un agente de fuerza. Por desgracia este principio previsto también por la Constitución fue infringido con la aprobación del nuevo Código de Procesamiento Penal. Aparecieron castas de “intocables”. Se trata de una orden especial de enjuiciamiento penal de una lista de personas, como diputados, ministros y etc.».

De lo que la ley no es igual para cada uno, los belarusos tuvieron la posibilidad de enterarse durante los hechos dramáticos ocurridos tras las elecciones presidenciales. Miles de causas administrativas y criminales contra los participantes de los actos pacíficos y ninguna por una violencia brutal, lesiones e incluso asesinatos de los ciudadanos pacíficos por parte de los agentes de fuerza.

«Cualquier empleado debe tener respeto con la ley. Sin ello no es capaz de cumplir sus obligaciones, ni el policía, ni el inspector, ni el fiscal, ni el juez. Muchos inspectores estamos indignados con las actuaciones de los agentes de la orden. Existe la ley sobre los órganos de asuntos interiores donde se reglamenta el alcance del uso de fuerza, de medios especiales y armas. Todos mis colegas están leyendo los canales en Telegram, ven los vídeos de las dispersiones. Y cuando un antidisturbio sin razón alguna da una patada en el rostro del manifestante es un abuso del poder. La ley también dice: el agente de fuerza está obligado a minimizar el daño a la salud. Si la persona no se resiste, ¿cúal es la razón para pegarle a porrazos?»

Entonces, ¿por qué ocultan los delitos de los que tienen funciones completamente contrarias, de proteger a los ciudadanos y no demostrar la violencia?

«No inician los procesos sólo porque las autoridades entienden perfectamente: el primer proceso penal contra un empleado de los órganos de seguridad iniciaría el fin del sistema actual. Porque el que continuaría participando en las dispersiones, se lo pensaría tres veces, si sería él mismo el siguiente en esa cadena judicial. Y sobre todo, porque existen aplicaciones de reconocimiento de rostros, es difícil escapar de la justicia. Y a mí más se me van las manos de iniciar una acción penal contra la violencia por los agentes antidisturbios y otros departamentos», dice.

Pero, según nuestro interlocutor, el sistema literalmente había atado las manos a sus honrados subordinados.

«Existe un procedimiento determinado: cualquier decisión debe ser autorizada por el superior, – explica. – Y aquí surgen matices. Y aunque hay algunas trampillas procesales, algunas lagunas en la ley, el mismo inspector en caso de ser demasiado activo corre el riesgo de ser despedido o de que no le renuevan el contrato. Esto ya está ocurriendo: de manera unilateral son suspendidos los acuerdos de servicio sin tener en cuenta los cargos, rangos o méritos, desde un inspector hasta el subdirector de la Dirección del Comité de Investigaciones. Ya se han registrado estos hechos».

«Hacer uso del arma sólo en casos excepcionales y sólo en las piernas»

El instructor Aheyeu no cree que hoy en día con el régimen existente es posible iniciar un procedimiento penal contra los culpables. Según sus datos, los agentes de la orden tienen la carta blanca completa para hacer uso de la fuerza. Y claro está desde el punto de vista de las autoridades del país es de poca lógica castigar a alguien por «facultades ilimitadas» legalizadas.

«En el inicio de la campaña preelectoral el anterior jefe del Ministerio del Interior Yury Karaieu se había reunido con los empleados de los grandes departamentos del Interior. Les dijo lo siguiente: “Tienen derecho a todo. No nos fallen”. En aquel entonces, cuando lo escuché, lo había entendido un poco de otra manera: todo, pero al amparo de la ley, donde todo está reglamentado de una manera clara, sobre todo el uso del arma traumática y de fuego. Sólo en los casos excepcionales y sólo en las piernas, para causar las mínimas posibles lesiones corporales. Y nunca apuntar en la cabeza ni en el pecho. Ni en una pesadilla podía imaginarme que ocurriera lo que vimos en agosto y sigue ocurriendo ahora. Que “todo” es literalmente “todo”».

Lo que los agentes de la fuerza tienen garantía de su impunidad a Radio Svaboda había confirmado también un ex empleado del aparato central de la Fiscalía General. Cuando a principios de septiembre fue nombrado Jefe de la Oficina Andrei Shved, en su nombre fue firmado un «documento de programa» que autorizaba la legitimidad de la violencia y se establecía un listado de medidas para cada departamento correspondiente sobre la reacción a diferentes formatos de protestas.

Según nuestra fuente, en el documento está previsto todo lo que ocurre ahora. De hecho el documento priva de la posibilidad de iniciar auditorías fiscales como la que se intentó llevar a cabo en el caso de los moteros hostigados. Y en resultado en señal de protesta empezaron a dimitir los empleados de la fiscalía de relieve. El documento es secreto y el acceso a él está muy limitado.

«Las autoridades actuales pretenden crear un país de un régimen estricto»

En casi cuatro meses a partir del 9 de agosto aproximadamente 32 mil personas fueron detenidas por «infringir la ley sobre los eventos en masa». Sin embargo, todavía durante la campaña presidencial, muchos activistas de las oficinas los pretendientes y los candidatos acabaron en la cárcel, durante la fase de recolección de firmas y durante el procedimiento de registro.

Este número puede seguir incrementando, sobre todo dada la situación con la «colocación de piquetes en los balcones» (colocación de las banderas), iniciativas de iniciar procedimientos criminales por la participación repetida en los actos, de doblar los plazos de arrestos administrativos e imponer multas hasta 100 unidades básicas por utilizar «símbolos no autorizados».

«Hablé por teléfono con un amigo, nos graduamos juntos de la Academia del Ministerio del Interior. Abogado, según su diploma, está en shock: ¡causa penal por participación repetida en los actos! ¿Qué resulta? El sistema pretende crear un país de régimen estricto. Un paso a la izquierda, un paso a la derecha, y acabas en la cárcel. Y en poco tiempo, condena a fusilamiento, si continuamos con este ritmo. Por otra parte, estoy reflexionando. Pues la persona que entró en el cargo de presidente de una manera dudosa firma estas modificaciones del Código, y yo tendré que proceder contra una persona que salió al mitin por segunda vez. Para los empleados honrados esto será la última gota. Y viendo lo que está ocurriendo alrededor, no me sorprenderé si estas “noveladas” serán aprobadas».

Según dice el inspector, la campaña política de este año retrocedió a Belarús a decenas de años, cuando se practicaban asesinatos y secuestros de los oponentes. Los familiares varios días están buscando a sus seres queridos que han sido capturados, el uso de las armas y vehículos especiales en las calles se ha convertido en algo común. Y el asesinato del pintor Ramán Bandarenka es el colmo de la impunidad.

«Es horrible… Incluso en las ciudades y pueblos leales junto a las catedrales se reúne la gente para encender las velas junto al retrato de Ramán. Es señal del dolor en la gente. No sé que puedo hacer yo en esta situación. Y no puedo seguir callado. Me llena de rabia ver esta ilegalidad. Y pido perdón ante todo el pueblo belaruso por mi impotencia jurídica. ¿Se merece nuestra gente esta humillación? Por desgracia, nosotros sólo en nuestros despachos y en las cocinas gritamos de furia. ¿Qué tiene que ocurrir más para que los inspectores digan su palabra y se subleven?», hace una pregunta retórica.

Otra particularidad de un «diálogo» peculiar entre las autoridades y la ciudadanía es la caza deliberada de los periodistas. Nunca antes en la historia soberana de Belarús no había tantos pleitos en virtud del ya tristemente conocido artículo 23.34. En vez de ser una carta de autorización el chaleco con la inscripción «Prensa» y la tarjeta personal de la redacción, se convirtieron en un blanco, decenas de empleados de los medios de comunicación fueron multados, privados de acreditación del Ministerio del Exterior, cumplieron los días de arresto administrativo.

«Es una locura, — enuncia el coronel de justicia. — Piensan que la gente así no se va enterar de lo que está ocurriendo durante las dispersiones. Varias veces esto ha sido hablado y analizado, así que todos saben perfectamente el objetivo: cuanto menos información verdadera habrá, disminuirá la escala de actividad, las protestas se reducirán y seguiremos viviendo como antes. Pero no se necesita ser muy inteligente para entender: ¡no será como antes con este régimen! No tiene más recurso. Además existen plataformas de reserva, y los poderes mismos impulsan a la gente a utilizarlos, son los canales en Telegram. También hoy cada uno es bloguero, operador de video y periodista. Este proceso es imposible parar».

«A muchos con hombreras ya no puedo llamarlos mis compañeros»

Miles de empleados de las estructuras de seguridad por sus méritos de guerra en diferentes «listas de infamia», comenzando por «Castigadores de Belarús» hasta el «Libro Negro». Incluido nuestro interlocutor. ¿Cuál fue el impacto sobre su estado de ánimo el hecho de compartir la lista con los antidisturbios, soldados de las tropas interiores, jueces? ¿Le afectó mucho esta vecindad?

«Estaba más preocupado del impacto en la familia. Los compañeros de trabajo me decían que presentara una denuncia, que iban a iniciar una auditoría. Me había negado porque entiendo la lógica de los “guerrilleros”. No sé si tienen mucha eficacia esos canales pero no estoy enfadado con ellos. La gente está enojada con el sistema en general. Y yo también lo estoy. Por desgracia no está funcionando como debe funcionar. Y no soy único. En la lista hay muchas personas inocentes de lo que se les incrimina. Los inspectores, por ejemplo, en su mayoría, están allí simplemente por ser inspectores. Muchos entienden perfectamente que significa “infringir la ley”. Y los demás… Pienso que la mayoría está en la lista de infamia por serlo».

El coronel dice que en los últimos meses la cantidad de sus contactos había reducido considerablemente. Primero, desaparecieron aquellos con hombrillas que no sólo no habían cuestionado las acciones de fuerza, sino siguen considerándolas como necesarias para restaurar la orden pública. O lo consienten en silencio.

«Por desgracia, no puedo seguir llamando como mis compañeros a muchos, – habla categóricamente. – Con los policías tengo que contactar durante el trabajo, en las investigaciones de los delitos. Y si antes podíamos hablar también de cosas personales, sobre la esposa, los niños, la casa de campo, pesca, ahora me cuesta mucho incluso saludarles. Tengo una sola opinión sobre ellos: son coautores de las crímenes contra el pueblo belaruso junto con las autoridades. No estaré exagerando si digo que incluso en el Comité [de investigaciones] somos muchos quienes compartimos la misma opinión tanto sobre lo que ocurre en el país, como sobre el papel de nuestros antiguos compañeros de los órganos del interior».

El oficial Aheyeu durante nuestra conversación confesaba que al vencer su contrato el 31 de diciembre será su último día de trabajo en el Comité de Investigaciones, aunque sus amigos le están disuadiendo de este paso apresurado. Le preocupa sobre todo, comenta nuestro interlocutor, que van a contratar a empleados con pocas competencias, los «secretarios» que sin pensar mucho van a cumplir las órdenes y no la ley.

«No me quedaré con hambre sin el Comité, me preocupa más mi consciencia»

¿Si está pensando en irse del país al igual que lo hicieron sus homólogos? La evidencia moral y su credo son conocidos por los directivos del comité, y las consecuencias en nuestra situación pueden ser imprevisibles.

«No quiero ser patético ni hablar sobre el patriotismo, pero este es mi país. Si fuera más joven y viera en el extranjero perspectivas, podría ser que me fuera. Pero todavía tengo ganas de servir a mi país. Puede ser que no en los órganos de seguridad, pero hay otros trabajos y no

lo menosprecio. Teniendo en cuenta lo ocurrido, sin duda, estudiaba diferentes opciones, empezando por una dimisión en público como retirarme tras vencer el contrato o recapacitarme. No tengo miedo que cuando deje el comité voy a pasar hambre. No hay ningún problema si pierdo parte del salario. Más me preocupa mi consciencia. Siempre deseaba a mis compañeros que pudieran decir: “¡Tengo honor!” Toda la vida, siempre los oficiales eran una casta especial, personas de honor, fuertes, educados y muy instruidos. Por desgracia, una persona lo destruyó todo en un abrir y cerrar los ojos».

Según nuestro interlocutor en el último cuarto de siglo la vertical del poder en total se había separado en las intenciones civiles con su propio pueblo, sobre todo con la generación jóven.

«Los que tienen 25 años hoy son completamente diferentes de la gente que había votado a él [Lukashenka]. Mis padres en el año 1994 tenían la misma edad que yo ahora, habían confiado en “el chaval de los nuestros”, pensaron que era el tipo de dirigentes que necesitaban. Pero ahora ya han pasado los tiempos de los catetos. Ahora da vergüenza por un líder como él. Es un deseo normal, que desde la televisión nos hable no un “campesino” que cada vez suelta más insultos, sino una persona adecuada que corresponde a la actualidad. Entiendo que no quiere ceder el poder, aunque tenía una posibilidad de irse tranquilamente. Hoy la gente no perdona los asesinatos, las torturas, las prisiones… Estoy seguro: deben pasar un par de meses y las aguas vuelven a su cauce. Vencerán el honor, la conciencia y el sentido común», resume el coronel de justicia Ivan Aheyeu.

Contra muchos empleados de los órganos de seguridad que lanzaron el reto contra el sistema, se entablaron pleitos criminales y están bajo una presión física y moral. El experimentado oficial no excluye que lo mismo pueda ocurrir con él. Conoce muy bien el espíritu extremadamente vengativo de los agentes de fuerza.