La anarquía del estado Belaruso con respecto a un niño menor de edad
6 septiembre 2020 | ByHELP-mediagroup
En Belarús (Bielorrusia), la situación con las represiones por parte del Estado, sus intentos de justificarse y sus acciones empeora día a día. El 3 de septiembre, el menor Timur M. fue detenido por segunda vez y trasladado al Comité de Investigación de la República de Belarús para ser interrogado en relación con la participación en disturbios masivos (artículo 293 del Código Penal de la República de Belarús). Después de ser interrogado, tuvo que ser hospitalizado nuevamente y puesto en cuidados intensivos, sufrió un ataque postraumático. El personal que llevó a cabo el interrogatorio al principio no tenía la intención de pedirle atención médica, a pesar de la condición del adolescente, y luego, incluso en cuidados intensivos, Timur estuvo bajo un convoy de vigilancia. Su abogado acudió al hospital, pero no fue admitido de inmediato donde estaba el acusado.
Antecedentes
El 12 de agosto, el tercer día de protestas contra la falsificación de los resultados de las elecciones presidenciales y durante las detenciones ilegales masivas, los agentes antidisturbios atacaron a Timur M., de 16 Años, que caminaba hacia la casa de un amigo. Como recuerda, «una gente de negro se bajó de un autobús y comenzó a golpear a todos con porras». También fue golpeado y empujado a un automóvil. Allí, las personas fueron lanzadas unas contra otras, los policías antidisturbios se sentaron encima de ellos, los golpearon y los insultaron verbalmente. Ya en el Departamento de policía, continuaron golpeando, pusieron una porra en la garganta a Timur y la patearon dentro, le hicieron presión en los ojos con una porra, le golpearon los talones. Lo obligaron a cantar el himno de la policía antidisturbios, lo torturaron con una descarga eléctrica. A pesar de que Timur dijo repetidamente que tenía 16 años, que era menor de edad, esto no impidió que los agentes antidisturbios continuaran con su trabajo. Después de todas las acciones en el Departamento de policía, Timur entró en coma, ingresó en cuidados intensivos en la unidad 3 del Hospital infantil de la ciudad. Sorprendentemente, ni el hospital ni la policía informaron a sus padres de que estaba ingresado: los padres de Timur recibieron una llamada de la escuela.
Después de una noche en el Departamento de policía y toda la intimidación a la que enfrentó a sus 16 años, Timur sufrió una lesión cerebral leve, conmoción cerebral, fractura abierta del complejo pómulo-orbital sin desplazamiento a la derecha (fractura del seno maxilar sin desplazamiento de fragmentos, fractura lineal del fondo orbital sin desplazamiento de fragmentos), hemosinusitis del seno maxilar derecho, síndrome convulsivo, hematoma paraorbital a la derecha, múltiples contusiones de tejidos blandos y extremidades, erosiones traumáticas de la córnea de ambos ojos. Cuando Timur recuperó la consciencia el 14 de agosto, contó que tenía suerte porque «a un hombre que estaba cerca le empujaron un palo por el recto y un chico de 14 años fue golpeado en la ingle».
En cuanto a la investigación criminal sobre la intimidación de un menor, ninguno de los agentes de policía acudió a la casa de Timur para escuchar su historia. Nadie está investigando el caso, aunque su historia ha sido cubierta en todos los medios más conocidos y significativos. Además, el 17 de agosto, según el ministro de Sanidad Vladimir Karanik (ahora ya ex ministro), los médicos entregaron a las autoridades competentes información sobre las lesiones de Timur. Sin embargo, la Fiscalía general dijo que no sabía si se había abierto una investigación sobre el caso Timur o no.
Sorprendentemente, el ministro de Sanidad, Vladimir Karanik, después de su declaración sobre el caso de Timur perdió el cargo de ministro y terminó en Grodno como nuevo gobernador. El 26 de agosto, su posición en el caso cambió drásticamente, informó que el menor de 16 años tenía sustancias psicotrópicas en la sangre en esas noches, estaba en un estado de «intoxicación psicotrópica».
Sin embargo, según el abogado del adolescente, Stanislav Abrazei, así como según epicrise y todos los certificados médicos, esa noche no había alcohol ni drogas en el cuerpo del chico. Además, como informó al portal de noticias tut.by su abogado, «tenemos un certificado y una conclusión donde se dice que no se han identificado drogas ni sustancias psicotrópicas en su cuerpo para las que se le realizaron las pruebas. Cuando una persona ingresa con lesiones en el hospital, se le hace una extracción de sangre y se verifica si está intoxicado, y así sucesivamente, para que, si hay consecuencias y la historia se investiga, se identifique este hecho. Aquí se siguió el protocolo por la parte médica, a Timur se le hizo una extracción y un análisis sangre».
El 3 de septiembre por la noche, el Comité de Investigación publicó un video como prueba de la participación de Timur en los disturbios.
El Comité de investigación dijo que, al examinar numerosas grabaciones de cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que Timur M., de 16 años, quien cayó en coma después de ser golpeado brutalmente por los policías antidisturbios, estaba «en el epicentro de los disturbios» el 10 de agosto en Minsk. El Comité de investigación también afirma que Timur M. participó en un ataque armado contra el conductor del camión MAZ que vino a evacuar el trolebús. En el video presentado como prueba, se pueden notar inconsistencias de inmediato. Algunas imágenes enviadas por el Comité de Investigación no tienen fecha en el video. Las inconsistencias son obvias incluso a simple vista: en el cruce del metro, un hombre lleva una chaqueta deportiva de color amarillo brillante sobre una camiseta a rayas rojas y negras. La fecha y hora de la filmación no se especifican. En las siguientes imágenes, el hombre, sin chaqueta, supuestamente está en la calle. Las imágenes están fechadas el 10 de agosto a las 22.47 y las 23.05, respectivamente.
Ahora es obvio que el adolescente necesita ser rescatado de la máquina punitiva que el Estado belaruso ha puesto en marcha. Hay temores no solo por la salud, sino también por la vida del adolescente, que fue testigo de los terribles crímenes de las fuerzas de seguridad belarusas.
Análisis del caso
Irina S., máster en derecho, experta en derecho de los derechos humanos, Lund, Suecia
Este caso demuestra que el sistema penitenciario está lleno de injusticia. El Estado trata de eludir la responsabilidad que le exige el derecho nacional e internacional.
Todos los casos de tortura que llegan a la Fiscalía permanecen oficialmente sin investigación. Hoy el Estado está tratando de protegerse ante todo, imponiendo multas a las personas y deteniéndolas por su participación en disturbios en virtud del artículo 23.34 del código penal de la República de Belarús; además, el Estado inicia casos penales contra personas que «golpearon severamente» a los oficiales antidisturbios, y no al revés.
Vemos la injusticia del sistema, tenemos medios legítimos para combatirlo, pero es casi imposible utilizarlos en una situación en la que el Estado y la policía trabajan contra el pueblo en lugar de protegerla, que es el papel principal tanto del Estado como de la policía.
Si volvemos al caso de Timur M., desde el punto de vista del derecho nacional, según afirma Timur, no participó en las protestas del 12 de agosto, estaba de camino a casa de su amigo, fue llevado ilegalmente a la estación de policía, donde fue humillado física y moralmente y, lo que es más importante, fue torturado.
Sin embargo, incluso si hubiera participado en la protesta esa noche, no podría haber sido acusado de un delito en virtud del artículo 293 (disturbios masivos) del Código Penal de la República de Belarús, ya que tenía 16 años el día en que se cometió el presunto «delito», el día de la protesta. Por lo tanto, es menor de edad bajo el código penal (Código Penal de la República de Belarús, art. 4.8). Esta conclusión se deriva del hecho de que, de acuerdo con el artículo 27 del Código Penal de la República de Belarús, las personas de entre 14 y 16 años son responsables penalmente única y exclusivamente por los delitos que se indican en la lista exhaustiva del párrafo 2 del artículo mencionado anteriormente. Los disturbios masivos (artículo 293) no están incluidos en la lista como delito, por lo que las personas de entre 14 y 16 años no deben ni pueden ser consideradas responsables de su participación en disturbios masivos de conformidad con el Código Penal.
Se aplica la misma lógica incluso si fuera el 10 de agosto, como afirma el Comité de Investigación, y está tratando de demostrar con un video que parece fabricado en lugar de la verdad en primera instancia. En consecuencia, las acciones de los organismos estatales son ilegales de acuerdo con el Código Penal de la República de Belarús. Además, las acciones de las autoridades constituyen calumnia y violación de los derechos humanos constitucionales.
Desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos, Belarús es parte en los principales tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, etc. Por lo tanto, Belarús está obligada a respetar, proteger y observar los derechos humanos contenidos en todos los tratados de derechos humanos que ha ratificado.
El caso de Timur M. ilustra: violación del derecho de acceso a la justicia debido a la falta de voluntad del gobierno para abrir un caso y realizar una investigación; debido, además a la prohibición del acceso de un abogado a su cliente. También existe una violación del derecho a un recurso en virtud del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Varios hechos lo confirman: los funcionarios públicos son los que deben rendir cuentas por sus actos, pero no es así en la situación actual; el Estado debe tener un sistema judicial competente, mientras que ahora en Belarús, como nosotros mismos observamos, su actitud no corresponde a la palabra «competente», ya que no se ha investigado ni un solo caso de tortura, se detiene a personas por protestas pacíficas, los policías dan falso testimonio contra los ciudadanos y se abren casos ficticios.
Además, se vulnera el derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el artículo 2 de la Convención contra la Tortura, que dice lo siguiente:
Artículo 2
1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra
índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. 3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.
Los tres puntos del artículo son aplicables a la situación actual en Belarús. Hay hechos de tortura, la ONU lo ha reconocido, incluso si el Estado guarda silencio o niega cualquier caso de tortura, una violación es una violación, y debemos utilizar todos los recursos legales para demostrar que hubo tortura, tanto a nivel nacional como internacional, lo que conllevará la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual de los culpables. Lo que lo confirma es que el derecho a no ser sometido a tortura es una norma jus cogens del derecho internacional, lo que significa que toda la comunidad internacional ha asumido el carácter especial de norma y en ningún caso esta norma debe ser legalmente limitada independientemente por los Estados. Por lo tanto, incluso si imaginamos una situación en la que Belarús no ha ratificado la Convención contra la Tortura, Belarús todavía tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de conformidad con esta norma y debe abstenerse de la tortura; además, debe garantizar que se impida la posibilidad de tortura en su territorio, y hacer todo lo posible para que esto no ocurra.
Los tres puntos del artículo son aplicables a la situación actual en Belarús. Hay hechos de tortura, la ONU lo ha reconocido, incluso si el Estado guarda silencio o niega cualquier caso de tortura, una violación es una violación, y debemos utilizar todos los recursos legales para demostrar que hubo tortura, tanto a nivel nacional como internacional, lo que conllevará la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual de los culpables. Lo que lo confirma es que el derecho a no ser sometido a tortura es una norma jus cogens del derecho internacional, lo que significa que toda la comunidad internacional ha asumido el carácter especial de norma y en ningún caso esta norma debe ser legalmente limitada independientemente por los Estados. Por lo tanto, incluso si imaginamos una situación en la que Belarús no ha ratificado la Convención contra la Tortura, Belarús todavía tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de conformidad con esta norma y debe abstenerse de la tortura; además, debe garantizar que se impida la posibilidad de tortura en su territorio, y hacer todo lo posible para que esto no ocurra.
Así, ahora vemos y experimentamos un notable desequilibrio en las relaciones entre el Estado y el individuo, cuando las palabras de la víctima se oponen a las palabras del Estado, en particular las palabras de los órganos y funcionarios estatales. No podemos hablar de respeto y protección de los derechos humanos, ya que todos los derechos humanos básicos, como el acceso a la justicia, los recursos legales, la protección contra la tortura, etc., se encuentran en una situación en la que el Estado está tratando de evadir su responsabilidad y justificar sus acciones juzgando a la víctima por el mero hecho de serlo y fabricando casos contra tales víctimas. Lo que podemos hacer ahora es utilizar todos los recursos legales, el sistema judicial nacional y luego los mecanismos internacionales, para combatir la ilegalidad y castigar a los responsables. Además, debemos llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo en Belarús aquí y ahora, ya que la condena internacional puede desempeñar un papel esencial para llevar al Estado belaruso ante la justicia.
